La capacidad para contraer matrimonio y la aptitud matrimonial. Identidad disociativa del legislador: entre la subversión y la reacción / Capacity and fitness to marry. Dissociative Identity of the Legislator: Between Subversion and Reaction

Resumen

A través del que sigue y otro artículo que verá la luz más adelante, pretendo tratar la evolución jurídica dispareja, cuando no incoherente, de la regulación del matrimonio, de la mención relativa al sexo de las personas, del nombre, la nacionalidad o la filiación, entre otros temas.  El que ocupa las siguientes líneas, se refiere al ayer y hoy de la institución matrimonial, en temas como los impedimentos, la capacidad para contraerlo, las formas de hacerlo o la situación de las personas con discapacidad ante el matrimonio. Pese a la evolución en la percepción social del matrimonio, que, en algunos aspectos ha tenido constancia legislativa a través del despojo de buena parte de sus características tradicionales, proceso que tiene su manifestación más evidente en la admisión, ya indiscutida, del matrimonio igualitario, se percibe, sin embargo, la pervivencia de determinadas ideas que no cabe sino calificar de reminiscencias del pasado: el cuestionario al que son sometidos los futuros contrayentes cuando se realiza el expediente matrimonial constituye una buena prueba, al igual que el mantenimiento de determinados impedimentos y su eventual dispensa, aspectos en los que subyace aún una mal disimulada manifestación de los orígenes canónicos de la institución. Así mismo, la situación de las personas con discapacidad ante el matrimonio no parece adecuadamente resuelta, de hecho, la Ley 8/2021 no se ocupó y se intenta justificar en el presente trabajo que debería haberlo hecho, del artículo 56 del CC. Finalmente se hace referencia a la reforma por la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en materia de eficiencia del Servicio público de Justicia cuya entrada en vigor se producirá el 3 de abril de 2025),  de varios preceptos del Código civil y de los concordantes de la Ley del notariado y Ley de Registro civil, suprimiendo la referencia a los jueces de paz, pero sobre todo, introduciendo de forma un tanto aleatoria, un lenguaje pretendidamente no sexista, si bien de manera poco coherente.